Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes un delito en contra la niñez que no se detiene

Martes 6 Marzo 2018

• Desde el año 1999 hasta agosto del 2017el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, registra que 6.377 niños, niñas y adolescentes han sido recuperados de los grupos armados ilegales en Colombia.

• “De los niños, niñas y adolescentes que fueron recuperados de los grupos armados 30,9% de la población señaló haber sido maltratad0, el 66,8% de los niños, niñas y adolescentes fue golpeado por lo menos en alguna oportunidad en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica frecuente”.

• En el marco del Acuerdo de Paz, se han entregado 124 niños, niñas y adolescentes que pertenecían a las FARC, según reporta la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

“… El Estado, más allá de buscar el restablecimiento de los derechos de los niños que han recuperado y de los pocos que fueron entregados, debe garantizar acciones de protección contra el reclutamiento y de garantía integral y ejercicio pleno de los derechos de los millones de niños y de niñas que como testigos o partícipes de la guerra, no pasaron ni pasarán por el Programa del ICBF”. María Paula Martínez, directora de Save the Children, Colombia.

El Derecho Internacional Humanitario y la misma legislación colombiana reconocen a cada niño, niña o adolescente que ha sido vinculado a un grupo armado ilegal, como una víctima. Ello, en razón de que el reclutamiento es un delito que vulnera la totalidad de sus derechos.

El panorama de la niñez en Colombia enfrenta muchos retos y desafíos en la garantía integral de sus derechos, pero hay uno que en especial llama la atención del mundo y es el reclutamiento forzado. “Cuando un niño o niña es reclutado, sus derechos, la totalidad de ellos, quedan en un estado de suspensión o vulneración: educación, salud, recreación, familia, afecto. No hay ningún derecho, que uno pueda pensar que al menos, no esté seriamente amenazado cuando se cambian los juguetes y las mochilas por armas”. Asegura Anne Lindboe, Defensora de Familia en Noruega.

Ahora bien, cuando son recuperados o entregados, el proceso de restablecimiento de derechos y de reparación integral está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través del Programa de Atención Especializada para los Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Ilegales. Según este Instituto, desde el año 1999 hasta agosto del 2017, su Programa ha atendido a 6.377 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 70% corresponde a población masculina y el resto a niñas.

Quienes han ingresado al programa de restablecimiento del ICBF, dieron cuenta del grupo por el que fueron reclutados: en primer lugar están las hoy desmovilizadas FARC (51%), ELN (43%), BACRIM (8%) y EPL (5%).

A hoy, y bajo el Acuerdo de PAZ, la amenaza del reclutamiento ha disminuido en algunas zonas del país, con la salida de las FARC de algunos territorios; sin embargo, en otras zonas sigue vigente bajo los demás grupos armados al margen de la ley (Guerrillas, Grupos paramilitares, BACRIM, delincuencia común y delincuencia organizada).

Dentro de los Acuerdo de Paz, 124 los niños, niñas y adolescentes fueron entregados por las FARC, e iniciaron su proceso de restablecimiento de derechos. Sin embargo, y bajo el promedio de 155 recuperados de las FARC por el Estado cada año (se entregan o se capturan) se estima que muchas personas menores de edad se fueron de nuevo a sus lugares de residencia o se establecieron en otras partes, abandonando la posibilidad de un apoyo integral durante el tiempo que duraron las negociaciones del acuerdo de paz; con lo cual quedaron por fuera de los beneficios que pudiera haberles brindado el acuerdo. . De las 124 entregados, 86 ya han iniciado su proceso de reintegración familiar y solo dos han dejado el Programa de manera voluntaria.

Situación actual tras la salida de las FARC de los niños, niñas y adolescentes a causa de la firma de los Acuerdos de Paz

• Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)

El ICBF reporta que Antioquia, Caquetá y Meta, son los departamentos donde más se presenta el reclutamiento. Por el contrario Amazonas, Atlántico y Quindío son los que presentan los menores índices . “El conocer estos datos ayuda a saber en dónde debe haber más presencia del Estado y no precisamente con fuerzas policiales sino con garantes d derechos, porque como se verá, una desprotección a la niñez, allana el camino a su reclutamiento”. María Paula Martínez, directora de Save the Children en Colombia.

En el informe Observar para Proteger, del Observatorio del Bienestar de la Niñez , el ICBF analiza la situación socio-económica de la niñez que es víctima de reclutamiento y se logra establecer que los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos a la educación y el bienestar económico han sido vulnerados, presentan mayor riesgo de reclutamiento por parte de estos grupos.

“Dar un trato digno a los niños y niñas, garantizando todos sus derechos es formar adultos capaces de retornar a la sociedad bienestar social. Todo esfuerzo por lograr la paz y alejar a la niñez de la violencia, debe darse sin ninguna duda. En el centro de la paz está la niñez”. Resalta Anne Lindboe. Derecho al amor : Es importante conocer, entonces, quiénes han sido los niños y niñas víctimas de este delito, para poder enfocar las políticas públicas y los programas que previenen el reclutamiento. Una primera mirada muestra que un amplio segmento de población fue víctima de violencia en el seno de su familia: cerca de un tercio (30,9%) señaló haber sido maltratada, el 66,8% de los niños, niñas y adolescentes fue golpeados por lo menos en alguna oportunidad en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica frecuente. Cabe anotar adicionalmente, que el 15% de los niños y el 25,2% de las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en sus familias influyeron como factores para ingresar al grupo armado .

Derecho a la educación de calidad : Para reforzar lo anterior, el panorama de vulneraciones previas al reclutamiento, también lo muestra el último informe del ICBF sobre niños, niñas y adolescentes desvinculados, que expone que el índice más alto de escolaridad era de quinto de primaria, que recoge al 21% de los registrados, el 13% que asegura haber cursado hasta tercero de primaria, y tan solo el 0.03% terminó el bachillerato. Teniendo en cuenta que el promedio de edad del reclutamiento se estima en los 12 años, es evidente que, además de contextos familiares adversos y violentos, la escuela tampoco fue un entorno protector y hubo una desescolarización temprana.

Ahora bien, Empresarios por la Educación expone cómo el 40% del total de los niños y las niñas que no asisten al colegio en Colombia corresponden a zonas afectadas por el conflicto armado. Las escuelas usadas como cuarteles, atacadas, los caminos minados, largos trayectos hasta las instituciones educativas, hacen de los niños y de las niñas presas fáciles de los grupos armados al margen de la ley, por lo que una forma de protegerlos es desescolarizándolos.

Deben ser protegidos contra el trabajo infantil : la explotación en trabajo infantil fue una constante en la vida de estos niños y niñas antes del reclutamiento, más del 90% afirmó haber realizado por lo menos un tipo de actividad productiva no doméstica y/o doméstica antes del ingreso al grupo armado. Según la Defensoría, el 30% de los que trabajaba, lo hacía raspando coca.

Derecho a la vida y a la calidad de vida : el estudio de la Defensoría relata que antes del reclutamiento ya estaban viviendo el conflicto y siguen viviendo el conflicto. La cercanía de los niños, niñas y adolescentes con el conflicto armado incluso antes de la vinculación se observa en los hallazgos sobre actos directos de violencia en el lugar donde vivían. La mitad de ellos y ellas experimentaron de cerca episodios de violencia severa como tomas armadas (51,3%) y masacres (46,3%) en sus lugares de residencia, el 24,8% mencionó haber sido víctima de desplazamiento forzado (él - ella o alguien de su familia), el 37,1% sufrió el asesinato de algún miembro de su familia, el 21,9% mencionó que él o su familia fue víctima de amenazas y el 9,6% mencionó que él o alguien de su familia fueron víctimas de secuestro. Adicional a los episodios de victimización, la cercanía con el conflicto armado se pudo establecer además con la vinculación de un o una familiar a los grupos armados el 60% afirmó tener familiares en algún grupo armado ilegal.

María Paula Martínez resalta que “Estos hechos confirman un alto nivel de exposición al terror y a la barbarie y son indicativos de elevados niveles de vulneración de los Derechos Humanos de esta población con ocasión de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los actores armados. Por ello, el Estado, más allá de buscar el restablecimiento de los derechos de los niños que han recuperado y de los pocos que fueron entregados, debe garantizar acciones de protección contra el reclutamiento y de garantía integral y ejercicio pleno de los derechos de los millones de niños y de niñas que como testigos o partícipes de la guerra, no pasaron ni pasarán por el Programa del ICBF”.

La Paz debe poner en el centro a las niñas, niños y adolescentes. Prevenir el reclutamiento, a través de la garantía de sus derechos, tener escuelas seguras, comunidades fuertes, familias protectoras, es el primer paso para retener a la niñez y alejarla de las armas. Pero, hacer esfuerzos en llegar a todos aquellos que han sido víctimas, como partícipes directos, y como testigos, es vital para la reconstrucción de un tejido social frágil y excluyente que no cuenta con las habilidades dialógicas ni reflexivas para acompañarlos en sus proyectos de vida.

La Ley 1448 de 2011 ratifica la condición de víctimas de los niños, niñas y adolescentes colombianos que han sido reclutados, el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral en un reto para el Estado, para la familia y para la sociedad en su conjunto. “La identificación del daño causado, la reconstrucción de vínculos familiares, su participación como ciudadanos y la construcción de un proyecto de vida son procesos que requieren de la intervención de equipos especializados, dado el impacto físico, psicológico y social que deja el conflicto en los niños, niñas y adolescentes que han vivido el horror de la guerra y han sido forzados a ser partícipes de la misma”. Concluye María Paula Martínez.

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